“Coludirse es muy grave,
pero hacerlo con los medicamentos
es criminal”

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Columna en El Mercurio: Etiquetado de alimentos, el dilema del Gobierno

Publicado el 20/11/2014 | 0

Chile tiene los índices de obesidad más altos de la región, y los niños son las principales víctimas de la grave pandemia que nos afecta. A los seis años, el 25% de ellos son obesos, quedando en riesgo de sufrir infartos cuando sean adultos, accidentes vasculares y las complicaciones de la hipertensión y diabetes.

Estas enfermedades, mal llamadas no transmisibles, son en realidad las más transmisibles de todas, pues a través de publicidad elaborada con despiadadas estrategias de márketing dirigidas a los niños se propagan con más rapidez que las infecciosas.

La prevención es la única vacuna posible para hacerles frente. Asumir hábitos alimentarios saludables e incrementar la actividad física permitiría disminuir en un 80% esas muertes prematuras y en un 40% las producidas por cáncer.

El mayor responsable de la pandemia es la ausencia de información sobre la composición de los alimentos que se consumen. La industria alimentaria, a través de un etiquetado incomprensible, oculta que sus productos contienen sal, grasas y azúcar en niveles abusivos, como para hacerlos adictivos.

Además, abusan de la credulidad infantil, pues al estar expuestos a más de 4.700 comerciales de televisión al año se les induce a consumir comida chatarra como si fuera saludable, violando sus derechos humanos garantizados en diversos tratados y convenciones.

Junto a la Academia de Ciencia, diversas sociedades de nutrición, universidades y consumidores logramos que se aprobara una ley que, a través de un etiquetado comprensible, garantiza el derecho a saber qué se consume y que regula la publicidad abusiva y engañosa, en particular aquella destinada a los niños.

Aún está pendiente el reglamento que permitirá la implementación de la ley, y que es la expresión de un gran consenso técnico, científico y ciudadano, que estableció niveles de sal, grasas y azúcar acorde con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las principales agencias e instituciones científicas.

La iniciativa propone un etiquetado que se estableció a través de diversos estudios realizados por el Ministerio de Salud, permitiendo ser entendido por cualquier consumidor, sin importar su edad.

El reglamento establece niveles máximos de nutrientes críticos, que están por debajo de los recomendados por la OMS; sin embargo, es un primer paso en la lucha contra la obesidad y sus consecuencias.

Lamentablemente, pese al apoyo ciudadano y a la urgencia de implementar estas medidas, las empresas de alimentos procesados -la mayoría de ellas, grandes transnacionales- lideran un fuerte lobby para abortar el reglamento y seguir vendiendo alimentos basura disfrazados y envasados como saludables, apoyados por publicidad abusiva y engañosa

El desafío para esa industria debería ser disminuir los nutrientes críticos y cumplir con la ley, en beneficio de la salud pública.

El gobierno de la Presidenta Bachelet enfrenta la disyuntiva de ceder a la presión de sector alimentario u optar por la salud de la población, especialmente los niños.

De priorizar la protección de la vida, se llevaría adelante una política a través de una ley evaluada como una de las más avanzadas y eficaces, junto a un reglamento que recoge los principales consensos técnicos y científicos.

De doblegarse ante el interés de las malas empresas, que pretenden seguir envenenando con sal, azúcar y grasas saturadas escondidas, se modificaría la propuesta técnica y alteraría el reglamento, estableciendo categorías que esquivaran los niveles críticos propuestos y eliminaran el disco “Pare”, que permite a niños y padres comprender los etiquetados y ejercer su derecho a saber.

Además, se pone en cuestión un principio democrático: ¿Las empresas deben cumplir las leyes aprobadas en el Congreso o las leyes se deben adaptar al interés y capacidad de lobby de las empresas?

De ceder ante la presión, se daría la espalda a la ciudadanía, vulnerando principios fundamentales relacionados con la defensa del bien común, la salud, la vida y la dignidad de las personas.

Esto sería una gran decepción y dificultaría a muchos seguir respaldando al Gobierno en el Parlamento con el entusiasmo y la incondicionalidad como, hasta ahora, lo hemos hecho.

*Columna del senador Guido Girardi publicada por el diario El Mercurio el 20 de noviembre del 2014.

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