“Coludirse es muy grave,
pero hacerlo con los medicamentos
es criminal”

ÚLTIMAS ENTRADAS

Puerto de la CAP: La incoherencia del Estado

Publicado el 14/04/2018 | 0

Un golpe artero al patrimonio ambiental del planeta y al anhelo de construir un mundo mejor constituye el reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de casación presentado por grupos ambientalistas en contra del megaproyecto portuario de la CAP y que da luz verde a la construcción el puerto Cruz Grande en medio del archipiélago de Humboldt.

Guido Girardi  Senador de la República (Publicado en El Mostrador)

Solo una semana antes, la prestigiosa fundación de conservación marina Mission Blue declaró a esa zona como un ‘Hope Spot’ (“Sitio de Esperanza”) por ser un laboratorio natural, un ecosistema sin igual y porque ‘un océano sano es lo que hace la vida humana posible’, según afirma Silvya Earle, legendaria oceanógrafa que lidera la organización.

La nefasta noticia estremece a quienes consideramos esa zona costera de La Higuera, en la Región de Coquimbo, como un sitio de relevancia mundial, pues alberga el 80% de la población total de pingüinos de Humboldt, allí desarrollan buena parte de su ciclo de vida nutrias y lobos marinos, el yunco y el petrel y se alimentan las ballenas azul, jorobada y de aleta o fin, entre otras especies, cuya existencia está amenazada por los constantes embates de proyectos de inversión de rentabilidad cortoplacista.

El requerimiento judicial presentado por Johannes Jacobus Hendrikus Van Dijk y por el Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de la comuna de La Higuera, expone que ‘la ruta de acceso y salida de embarcaciones mayores afectará’ la pesca artesanal y la biodiversidad de la zona, como ha sido refrendado por cartas firmadas por un gran número de destacados científicos de los más diversos ámbitos.

Sin embargo, dicho argumento no fue considerado por el máximo tribunal porque ya había sido desestimado por el ente administrativo sin que fuera objeto de reclamo por parte de los interesados, ‘de modo que es forzoso concluir que estos últimos se conformaron con lo resuelto en esta parte (.)’, señala el fallo que también afirma que no se conocen las rutas de navegación pertinentes, por lo que no se podría concluir el perjuicio que provocaría.

La resolución de la Corte Suprema permite llevar adelante este proyecto que amenaza la singularidad del ecosistema y en cuya evaluación técnica no fueron considerados los impactos en el medio marino. Con ello, se vulneraron los principios preventivos, precautorio y de evaluación comprensiva e integral de los proyectos que inspira el Sistema de Evaluación Ambiental.

La tragedia radica en lo pusilánime que ha sido el Estado en relación con proteger un ecosistema de tan elevado valor ecológico. Es más, el Estado chileno en los últimos seis años ha demostrado una incoherencia poco común. Al hacer un ejercicio de memoria podemos recordar que en esa misma zona se iba a instalar la Termoeléctrica Barrancones. Pero en agosto de 2010, en medio de una gran movilización social, el proyecto fue abortado tras una llamada telefónica del entonces y actual Presidente a los propietarios de la iniciativa.

Dos años más tarde, en 2012, el Consejo Regional acuerda reponer ante la autoridad ambiental antecedentes sobre la factibilidad de crear en La Higuera-Chañaral una Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos. Ese mismo año la CAP ingresó a evaluación ambiental el Puerto Cruz Grande y, un año después, Andes Iron presentó el proyecto minero-portuario Dominga. Ambas iniciativas empresariales hoy están judicializadas y sumamente cuestionadas.

La construcción del proyecto portuario constituye una amenaza directa a la continuidad del frágil equilibrio ecosistémico del lugar. La mera declaración, sin respaldo científico alguno, de que el proyecto no generará afectación, lanza a la incertidumbre el patrimonio ambiental.

Si el Estado no ejecuta una política razonable de protección y declara un Área Costera Protegida de Múltiples Usos con deslindes adecuados, las presiones de inversión mermarán de manera acumulativa y cada vez más intensa la estabilidad ecológica de esa particular ecorregión, hasta hacerla desaparecer.

En el comunicado de prensa con que la CAP, el mayor productor siderúrgico del país, valora la decisión del tribunal, queda claro el verdadero objetivo de la mega construcción: ‘. Planea una inversión inicial de unos US$250 millones, tiene el potencial de reconvertirse en un proyecto de puerto multipropósito de la Región de Coquimbo, ya sea de minerales o productos agrícolas nacionales o de países vecinos, como Argentina u otras naciones del cono sur de América’.

Claramente la intención es aprovechar el puerto para despachar la carga proveniente del corredor bioceánico que unirá Porto Alegre con Coquimbo a través del túnel Aguas Negras pasando por territorio argentino. En la misma zona ya existen los puertos de Coquimbo y Huasco, que pueden ser utilizados con ese objetivo, incluso podrían ser refaccionados para aumentar su cabotaje sin llegar a perjudicar o destruir uno de los más importantes patrimonios ambientales de la humanidad.

Lo más probable es que, al igual que proyectos que fueron irregularmente aprobados, como Pascua Lama, los impactos reales de Cruz Grande harán imposible su operación.

Noticias Destacadas