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pero hacerlo con los medicamentos
es criminal”

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El fallo de Dominga: Lo irracional de la Justicia Ambiental

Publicado el 30/04/2018 | 0

La lógica de un modelo de desarrollo con instituciones ambientales complacientes a las presiones de actores económicos, en desmedro de comunidades y ecosistemas, es la fuente de las mayores incertidumbre para los proyecto de inversión que, por la escasa legitimidad institucional, terminan judicializados y transforman a los tribunales y la Corte Suprema en la real institucionalidad ambiental.

En el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta -un disparo a los pies a la credibilidad de la institucionalidad ambiental- se reitera la concepción de un desarrollo a cualquier costo, que hace caso omiso a la transversal y consensual evidencia científica sobre el grave impacto que el puerto del proyecto minero Dominga tendrá sobre la biodiversidad de la zona.

La lógica de un modelo de desarrollo con instituciones ambientales complacientes a las presiones de actores económicos, en desmedro de comunidades y ecosistemas, es la fuente de las mayores incertidumbre para los proyecto de inversión que, por la escasa legitimidad institucional, terminan judicializados y transforman a los tribunales y la Corte Suprema en la real institucionalidad ambiental.

No hay peor ciego que él que no quiere ver o no querer aprender de los errores pasados: Pascua Lama, Hidroaysén, Agrosuper, Forestal Arauco, Castilla son millonarios proyectos que, pese a críticas y los cuestionamientos sociales, fueron aprobados por la actual institucionalidad ambiental y hoy están todos paralizados, arrepentidos o desahuciados.

Es muy probable que el puerto Cruz Grande de la CAP y Dominga tengan un destino similar. En caso de concretarse desoyendo toda evidencia científica -como ocurrió en Freirina con Agrosuper, en Río Cruces con Celco o en Alto del Carmen con Pascua Lama- tendrán impactos dramáticos sobre el ecosistema y biodiversidad de uno de los sitios de mayor valor ecológico del planeta y deberán hacer frente al permanente cuestionamiento ciudadano.

En el caso del puerto de Dominga es que existe la alternativa de usar los ya puertos de Coquimbo y Huasco que están cerca, cuentan con vía férrea y no perjudican la biodiversidad del archipiélago de Humboldt. Esa obcecación sustenta los argumentos de que el real objetivo del proyecto no es la mina, con vida útil de 22 años, sino que el puerto que será punto de ingreso y salida a la carga que trasladará el corredor bioceánico de Porto Alegre a Coquimbo y atravesará Los Andes por el túnel Aguas Negra.

EL IMPACTO DEL TRÁNSITO NAVIERO

La mayor incoherencia del Tribunal Ambiental es haber validado el fraude cometido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que, pese a las reiteradas advertencias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), omitió evaluar el impacto que el tránsito de barcos de gran tonelaje y el riesgo de derrames de contaminantes, tendría sobre el ecosistema marino que alberga al 80% de la población de pingüinos de Humboldt, donde está la reserva Isla Damas, uno de los Hotspot ecológicos más valiosos del planeta.

Esto obliga al Parlamento al urgente cambio de una institucionalidad ambiental de papel por una que resuelva técnica e imparcialmente los diversos conflictos ambientales, que sopese el impacto económico y la trascendencia de lo que afecta.

El desarrollo sostenible supone comprender hasta qué punto las decisiones de esta generación conculcarán el derecho de los futuros habitantes al disfrute de la vida como hasta ahora la hemos conocido.  Bajo este racionamiento, en un contexto de pérdida masiva de biodiversidad, el fallo del Tribunal Ambiental golpea duramente la sensata pretensión de proteger un lugar donde se desenvuelve una biodiversidad incalculable para nuestro patrimonio ambiental.

El Primer Tribunal Ambiental que recibió como primera reclamación el bullado caso Dominga decidió que lo resuelto por la Comisión Regional y por el Comité de Ministros adolece de legalidad en la fundamentación del rechazo, y retrotrae, así, el procedimiento de evaluación ambiental al momento que va entre el Informe Consolidado de Evaluación y la votación de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental.

Este punto no es menor de analizar. El Informe Consolidado de Evaluación recomendaba aprobar el proyecto no obstante haber desoído contumazmente a la CONAF, (órgano técnico en materia de áreas protegidas), y pese a las acusaciones de presión por aprobarlo por las cuales actualmente se desarrollan sumarios en el Servicio de Evaluación Ambiental.

Sostener qué en el rechazo al proyecto de parte de autoridades regionales y del Comité de Ministros hubo falta de fundamento es desconocer que las ilegalidades del proyecto se arrastran desde los comienzos del proceso de evaluación. En cambio, busca situar las irregularidades del proceso de evaluación en un punto en el que solo resta la votación de Seremis y su revisión por el Comité de Ministros, todos los cuales son nombrados directamente por el Presidente de la República.

ABERRACIÓN AMBIENTAL

El fallo es aún más opaco al constatar posiciones prospectivas respecto de una institucionalidad que, como he sostenido, da cuenta de una cultura pro extractivista y de economía colonialista al señalar respecto de la participación de CONAF que “se evidencia una contienda o falta de competencia entre organismos del Estado, en particular las concernientes al medioambiente marino y el actuar de la CONAF en ello (..), se hace necesario una interpretación oficial y acertada del ordenamiento jurídico, acerca de las competencias sobre el medioambiente marino” (considerando octogésimo segundo).

Esto hace sopesar la permanente exclusión en que el SEA mantuvo a Conaf durante el trámite de evaluación del proyecto Dominga, pese a ser el único organismo que, desde hace años, estudia las interacciones del maravilloso ecotono costero que alberga la biodiversidad de la zona.

Peor aún, cuando ante esta argumentación se añade en el párrafo octogésimo que “dada la importancia estratégica y geopolítica del maritorio chileno para el desarrollo sustentable de nuestra Nación, es que se hace prioritario y muy razonable (…) contar a la brevedad posible con una “Guía Metodológica para la elaboración de la Línea de Base del Medio Marino””.

Así el tribunal en los últimos tres párrafos de la sentencia da cuenta de porqué seguir aprobando este tipo de proyectos resulta ser una aberración ambiental y al parecer, ve que estas recomendaciones de política pública general aminoran el hecho que retrotraer el proceso de evaluación al punto entre el Informe Consolidado y la Evaluación de la Comisión de evaluación es tendencioso.

Si el Tribunal Ambiental pretendiese, en términos concretos, reconducir este proceso con apego al derecho debiese haber retrotraído la evaluación ambiental a sus inicios, para que los órganos técnicos revisaran la información relevante para la evaluación del proyecto.

El punto discrecional al que fue retrotraído, deja en total imposibilidad a la comunidad y órganos del Estado de hacerse cargo del mal diseño de este proyecto que pretende abrir un nuevo puerto en menos de cien kilómetros de costa sobre una de las mayores riquezas de biodiversidad de nuestro borde costero.

De la manera que este fallo ha sido planteado, que en el peor de los casos puede conducir a la aprobación del proyecto, es una aberración para la sustentabilidad futura y deslegitima aún más una institucionalidad que ha aprobado proyectos aberrantes para el medioambiente.

Casos como este se integraría a la irracionalidad de proyectos como el de Pascua Lama donde en un primer momento y hasta “conforme a derecho” se aprobó ¡¡el traslado de glaciares!!

No se requiere ser científico, activista ni experto para entender que el cuidado de nuestro patrimonio ambiental requiere de la convicción y certeza de que los proyectos deficitarios en su proyección medioambiental amenazan de muerte un hábitat irrecuperable.

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